Desde el Proyecto Universitario de Prácticas Integrales en Cárceles (PUPIC), expresamos nuestra más profunda consternación y repudio ante los hechos sucedidos en la Unidad Penal N 5 de la ciudad de Victoria, que causaron la muerte de cinco personas privadas de su libertad en dicha institución. Algunas de ellas, han sido parte de los procesos de trabajo llevados adelante por los equipos extensionistas de la UNER en contexto carcelario. Hacemos nuestras las consideraciones vertidas por la Asosiación de Pensamiento Penal (APP), la Asociación de Derechos Humanos y Ejecución Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sostienendo al respecto que: “la ejecución de la pena en todo el territorio argentino, de la manera en que se van suscitando ciertos hechos, peligra en retroceder en un sentido abrupto hacia una mayor punitividad carcelaria. Desde los Defensores públicos y privados de la provincia de Entre Ríos se ha combatido hasta el hastío en contra de las malas prácticas penitenciarias y denunciando el hacinamiento de las unidades penales provinciales como consecuencia de la falta de consideración y compromiso político de las condiciones inhumanas de los lugares de detención de los presos y presas de esta jurisdicción. Asimismo, no dejar de recordar, que sigue siendo la Unidad Penal N° 5 de la ciudad de Victoria la que en incontables oportunidades ha sido la protagonista de las mayores catástrofes carcelarias de la provincia, cobrándose víctimas fatales, sin contar en ninguna de las veces con una investigación exhaustiva sobre lo realmente sucedido, ni con la determinación de responsables directos e indirectos de tales nefastos sucesos. Desde estas instituciones hemos sugerido revisar las prácticas penitenciarias y contribuído al avance de un sistema carcelario que se valga de las lógicas establecidas en todas las manifestaciones nacionales e internacionales de organismos sobre personas privadas de libertad".
Asimismo, demandamos a los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la provincia de Entre Ríos la pertinente toma de medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas privativas de la libertad en condiciones dignas y humanitarias, especialmente que se sancione y se ponga en condiciones de funcionar el Organismo Provincia de Prevención de la Tortura, que lleva largo tiempo sin ser aprobado por la misma Legislatura entrerriana.
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